En el otoño del año 1958 y realmente preocupados ante el avance de la derecha de frente a la elección presidencial, diversos Ministros del Gobierno de Ibáñez, así como parlamentarios de éste, contactan al Partido Comunista para realizar una urgente reunión. A ésta asisten Luis Corvalán, Orlando Millas y Jorge Jiles; la propuesta era clara: obtener su apoyo para modificar la Ley Electoral y la Ley de Seguridad Interior del Estado. Acordando algunos pasos mínimos democratizadores se inicia de inmediato el contacto con otros partidos políticos. Todos los partidos dan su conformidad a este pacto o bloque democratizador, con la sola excepción y la negativa de los partidos de la derecha, esto es los partidos Liberal y Conservador.
De esta forma, el 27 de marzo del año 1958 se crea el Bloque de Saneamiento Democrático, conformado por los partidos y los parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano, Partido Radical, Partido Socialista y otras agrupaciones políticas ya desaparecidas. El objetivo claro consiste en reformar el sistema electoral y terminar con la ley anticomunista, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, conocida como la Ley Maldita. La reforma electoral fue fundamental para quitarle a la derecha inveterados mecanismos de fraude y cohecho electoral que ha venido utilizando desde los albores de la institucionalidad chilena, estableciendo este bloque la cédula única y el voto impreso único, esta vez confeccionado por la Dirección de Registro Electoral y no por los partidos.
Hasta esa fecha los votos en cada elección, sea municipal, parlamentaria o presidencial, eran confeccionados por los partidos políticos o los candidatos y luego los repartían –ya marcados con su preferencia- entre su clientela electoral a cambio de un pago, de un zapato, de medio billete, de un encierro con flauta y chicha, etc., y luego los acarreaban como carneros a los lugares de votación asegurándose la elección o reelección. Los partidos de derecha tenían innumerables técnicas de cohecho y que aplicaban extendidamente sin vergüenza alguna. En este sentido hay que admitir la extraordinaria sapiencia de la derecha para adaptar esos mecanismos de cohecho a la nueva situación: hoy emplean el pago de la boleta de luz o de agua, la entrega de la canastita con mercadería, el besito a la guagua, etc., y -aún- una nueva modalidad del acarreo descarado en las zonas rurales; el que esta vez debutó en Alto Hospicio con acarreados de otras localidades fuera de la región.
No obstante lo anterior, digo la tradicional práctica de la derecha para el empleo de mecanismos antidemocráticos, el Bloque de Saneamiento Democrático le asestó un duro golpe a este recurso, se legalizó al Partido Comunista, y luego de cumplido este objetivo el Bloque se disolvió. Si bien no se logró detener la elección presidencial de Jorge Alessandri, este cambio democratizador permitió la elección posterior de Eduardo Frei Montalva.
Sin obviar algunas similitudes de esa época con las de hoy, cabe señalar que la legalidad del Partido Comunista había sido alcanzada de hecho por éstos, sin pedirle permiso a nadie, con actividades, reuniones y prensa pública a vista y paciencia de quienes se quisieran escandalizar; lo que se hizo entonces fue recoger la realidad y plasmarla en la eliminación de la normativa que en la letra lo proscribía. De hecho cuando los comunistas recuperan su legalidad “sorprenden” a medio mundo con la inmediata aparición de una bancada de seis diputados. Éstos habían sido electos bajo el alero generoso del Partido Socialista, en particular de Allende, aunque otros electos parlamentarios comunistas así elegidos había sido escamoteada su victoria gracias a la Ley Maldita.
En el Chile de hoy rige otra modalidad de Ley Maldita: es la ley electoral binominal que excluye al Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda que no compartan alianzas con los bloques dominantes; de paso también no permitiendo expresamente que los dirigentes sindicales puedan ser electos parlamentarios. En la actual coyuntura histórica y ante el peligro real de que la derecha más reaccionaria alcance el poder gubernamental, es posible configurar un acuerdo electoral parlamentario instrumental para frenarlo en el parlamento ante un eventual gobierno de Piñera, o, mejor aun, impedir que llegue a la presidencia del país.
La historia recién a traída a colación demuestra que un acuerdo instrumental parlamentario puede ser útil para profundizar la democracia. En el caso de Tarapacá está la oportunidad real de llevarlo a cabo de conjunto la izquierda extraparlamentaria, la Concertación y Fuerza País y así doblar a la derecha para quitarle su sobre representación parlamentaria. Alcanzado el objetivo de detener a la derecha, cada cual podrá volver libremente a trabajar por sus propios proyectos o utopías.
Epifanio Flores
Partido Comunista de Chile - Comite Regional Iquique
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