Nacionalizar el agua I
Va creciendo en el país la conciencia y el clamor por nacionalizar el agua hoy, en su mayoría, está bajo propiedad de grandes empresas transnacionales. Variados sectores, como la Iglesia, algunos parlamentarios, dirigentes sociales y políticos, académicos, etc., elevan hoy su voz exigiendo la recuperación del agua. Esto lleva implícito el fracaso neoliberal en esta área y sin duda continuará hacia otras esferas privatizadas de nuestra sociedad. Esta situación de la depredación del agua dulce es especialmente dramático en nuestra región donde las mineras vienen realizando un uso abusivo e indiscriminado del agua, hipotecando así nuestra posibilidad de desarrollo ulterior cuando culmine el actual ciclo del cobre.
El actual Código de Aguas fue elaborado bajo la dictadura el año 1981 con el expreso propósito de conferirle un marco jurídico para el proceso de apropiación privada del agua. Ciertamente que esta ley define el agua como un bien nacional de uso público; pero hecha la ley, hecha la trampa: pues al mismo tiempo la ley define el agua también como un bien económico, abriendo así la compuerta para entregarla a las transnacionales en un proceso privatizador que no se ha detenido hasta ahora. Con esta legislación neoliberal se separa la propiedad del agua de la propiedad de la tierra.
Luego de la dictadura los posteriores gobiernos de la Concertación no solo han mantenido en lo esencial esta ley ultraliberal, sino que le pusieron la guinda a la torta agregando además la privatización de su distribución en las ciudades, ya sea vendiendo las empresas sanitarias directamente o recurriendo a la figura encubierta de la “concesión” de éstas empresas sanitarias encargadas de distribuir el agua potable. Así estas empresas, como el caso de nuestra ESSAT, fueron entregadas a diversos grupos económicos que hoy lucran desvergonzadamente del negocio del agua a costa de la población al tener el monopolio del cien por ciento de su distribución. Como decíamos, algunos personeros de la Concertación vienen tomando conciencia de la necesidad de revertir el proceso de desnacionalización que en su momento apoyaron; sin duda otros se sumarán a esta campaña solo bajo el oportunista y egoísta cálculo electoral.
Por lo anterior no hay que dejarse engañar y es justo señalar que el tema de la nacionalización del agua para ponerla en función de un plan de desarrollo viene siendo planteado hace ya mucho rato por la Izquierda. Tan es así que ha sido permanentemente un aspecto muy importante en sus programas como hoy lo es de la actual candidatura presidencial de la izquierda, representada por Jorge Arrate; tema por lo demás también levantado hoy por la CUT.
Pero lo esencial hoy es la actual situación de depredación del agua. Somos una zona desértica (ver mi artículo en Diario 21 del 22 de septiembre del 2008), y el uso abusivo del agua dulce es muy grave por la violenta presión ejercida sobre los acuíferos, hecho calificado como “catastrófico” y dicho sotto voce por algunos académicos, incluso locales.
Han sido el afán de lucro, la codicia de los grupos transnacionales y la venalidad de políticos corrompidos los culpables. Por ello es que han mantenido y profitado de este proceso de liberalización a ultranza, que está provocando un daño irreversible en nuestra región. El mercado de las aguas ha hecho emerger la poca digna profesión del “corredor de aguas”, que se dedica a adquirir diversos derechos de aguas para a la vez vendérselos a los grandes grupos económicos, especialmente los mineros.
Pero más que echarle la culpa al chancho tenemos que poner la vista en los que les han venido dando el afrecho, esto es los políticos de la derecha y de la Concertación que han mantenido el actual Código de Aguas, mediante el cual se ha entregado gratuitamente y a perpetuidad las aguas a las transnacionales, especialmente a los holding mineros. Como hemos dicho esta concentración de derechos emana de los criterios neoliberales que favorecen criterios de mercado para este bien vital y que más que mercancía es un derecho humano que tenemos que recuperar.
Partido Comunista de Chile - Comite Regional Iquique
El actual Código de Aguas fue elaborado bajo la dictadura el año 1981 con el expreso propósito de conferirle un marco jurídico para el proceso de apropiación privada del agua. Ciertamente que esta ley define el agua como un bien nacional de uso público; pero hecha la ley, hecha la trampa: pues al mismo tiempo la ley define el agua también como un bien económico, abriendo así la compuerta para entregarla a las transnacionales en un proceso privatizador que no se ha detenido hasta ahora. Con esta legislación neoliberal se separa la propiedad del agua de la propiedad de la tierra.
Luego de la dictadura los posteriores gobiernos de la Concertación no solo han mantenido en lo esencial esta ley ultraliberal, sino que le pusieron la guinda a la torta agregando además la privatización de su distribución en las ciudades, ya sea vendiendo las empresas sanitarias directamente o recurriendo a la figura encubierta de la “concesión” de éstas empresas sanitarias encargadas de distribuir el agua potable. Así estas empresas, como el caso de nuestra ESSAT, fueron entregadas a diversos grupos económicos que hoy lucran desvergonzadamente del negocio del agua a costa de la población al tener el monopolio del cien por ciento de su distribución. Como decíamos, algunos personeros de la Concertación vienen tomando conciencia de la necesidad de revertir el proceso de desnacionalización que en su momento apoyaron; sin duda otros se sumarán a esta campaña solo bajo el oportunista y egoísta cálculo electoral.
Por lo anterior no hay que dejarse engañar y es justo señalar que el tema de la nacionalización del agua para ponerla en función de un plan de desarrollo viene siendo planteado hace ya mucho rato por la Izquierda. Tan es así que ha sido permanentemente un aspecto muy importante en sus programas como hoy lo es de la actual candidatura presidencial de la izquierda, representada por Jorge Arrate; tema por lo demás también levantado hoy por la CUT.
Pero lo esencial hoy es la actual situación de depredación del agua. Somos una zona desértica (ver mi artículo en Diario 21 del 22 de septiembre del 2008), y el uso abusivo del agua dulce es muy grave por la violenta presión ejercida sobre los acuíferos, hecho calificado como “catastrófico” y dicho sotto voce por algunos académicos, incluso locales.
Han sido el afán de lucro, la codicia de los grupos transnacionales y la venalidad de políticos corrompidos los culpables. Por ello es que han mantenido y profitado de este proceso de liberalización a ultranza, que está provocando un daño irreversible en nuestra región. El mercado de las aguas ha hecho emerger la poca digna profesión del “corredor de aguas”, que se dedica a adquirir diversos derechos de aguas para a la vez vendérselos a los grandes grupos económicos, especialmente los mineros.
Pero más que echarle la culpa al chancho tenemos que poner la vista en los que les han venido dando el afrecho, esto es los políticos de la derecha y de la Concertación que han mantenido el actual Código de Aguas, mediante el cual se ha entregado gratuitamente y a perpetuidad las aguas a las transnacionales, especialmente a los holding mineros. Como hemos dicho esta concentración de derechos emana de los criterios neoliberales que favorecen criterios de mercado para este bien vital y que más que mercancía es un derecho humano que tenemos que recuperar.
Partido Comunista de Chile - Comite Regional Iquique
Etiquetas: medio ambiente
posted by Partido Comunista Iquique at
12:32 p. m.
