Declaracion por contaminacion por plomo. Partido Comunista, regional Arica.
DECLARACION PUBLICA DEL PARTIDO COMUNISTA – ARICA
La repercusión que ha ocasionado el Programa “Contacto” del Canal de la U. Católica, por su denuncia periodística de contaminación por metales pesados de suelos y personas en Arica nos obliga dar a conocer nuestra opinión como Partido Político a la comunidad:
1.- Los citados Residuos Minerales Tóxicos ingresaron al país el 1984, bajo la dictadura militar en un contexto político represivo, social (organizaciones sociales intervenidas, atemorizadas y/o eliminadas) económico (libertinaje económico y cesantía) y ambiental (sin legislación ambiental restrictiva) que facilitaron su ingreso como materia prima, ocultando su calidad de residuos tóxicos, en un manejo fraudulento e inmoral de la empresa Promel, la que pese a las exigencias expresadas en Oficios, Ordinarios y Resoluciones Sanitarias a partir del año 1997, nunca cumplió asumiendo el traslado y la disposición final la Oficina de Bienes Nacionales, en cuyos terrenos estaban los tóxicos abandonados por Promel.
2.- Los terrenos en los que el Servicio de Vivienda, a partir de 1990 empezó a construir las poblaciones Industriales 3, 4 y Cerro Chuño fueron los más baratos por el grado de insalubridad en que se encontraban, algunos fuera del radio urbano, donde cohabitaban basurales y corrales de cerdos, colindante con un acopio de minerales (información que se manejaba) en una zona de uso de industria minera. El Serviu construyó sin permiso de edificación con la obsecuencia cómplice del Alcalde de la época y a pesar que la Autoridad Sanitaria advirtió de esta situación de insalubridad.
3.- Una vez que se detecta la toxicidad de los minerales acopiados en el llamado sitio F (1997) que más tarde se identifican como residuos mineros se obliga por una Resolución del Servicio de Salud a que la firma Promel los retire y encapsule bajo condiciones aprobadas por la Comisión Técnica de la COREMA Provincial que involucra a diferentes servicio públicos vinculantes con el tema, Municipalidad, con la coordinación de la Gobernación Provincial y en conocimiento de la Intendencia La firma Promel al no cumplir con la exigencia dictada por la Autoridad Sanitaria de la época (1998) es sancionada por Resolución a cancelar una multa de 1.000 UTM; y todos los gastos del traslado y disposición de los tóxicos en Quebrada Encantada Baja, la remediación del sitio F y los análisis de las poblaciones afectadas. Además a cancelar todos los análisis de las personas que pudieran estar afectadas y su tratamiento médico. Estas exigencias nunca se cumplieron. Hace algunos años se inició Sumario sanitario para ver responsabilidades de este “olvido”, aún se ignora su resultado.
4.- El Programa de Televisión “Contacto” denunció, haciéndose eco de las demandas de una ONG poblacional, que en el sector existía contaminación de viviendas y de personas con enfermedades graves a causa de estos tóxicos. Esta aseveración a pesar que los informes de la Autoridad Sanitaria señalaban que el riesgo de contaminación se había eliminado por el resultado de los análisis de suelos realizados en la población, en el sitio F y en Quebrada Encantada, y, que el problema de Salud de las personas estaba circunscrito a un número cercano de 150 niños expuestos al Plomo y que no mostraban sintomatología de Saturnismo y que habían sido sometidos a análisis especializados y a tratamientos.
5. La denuncia de este Programa de Televisión, sin otros antecedentes que los mostrados sin respaldo verificable, como el sistema de muestreo, la metodología y veracidad de sus conclusiones fue acogida a nuestro juicio irresponsablemente por las Autoridades Políticas provinciales y regionales, comprometiendo al Gobierno en una problemática de corte ambiental que para resolverse requiere de antecedentes más objetivos y documentados técnica y científicamente que los que aporta un medio de comunicación masivo, como el Programa “Contacto”. En este circo de declaraciones se involucran, candidatos a parlamentarios, algunos concejales, gobernador, alcalde, confluyendo en una caza de brujas, buscando culpables e incluso enlodando a la Presidente de la República.
En este escenario y después de un análisis objetivo de esta problemática ambiental el PC declara que:
a) Es legitima la exigencia de cualquier grupo de ciudadan@s a ser indemnizad@s por el Estado por el daño a su Salud que les ha ocasionado habitar viviendas entregadas, construidas en terrenos contaminados si esto les ocasiona enfermedades y deterioro a su calidad de vida.
b) La contaminación de las viviendas y de suelos de estas poblaciones y los tratamientos de las enfermedades que sufren sus habitantes. a causa de la contaminación, deben ser abordadas en forma prioritaria y eficaz por el Estado. En el caso de la salud de las personas, médicos especialistas deberán diagnosticar las enfermedades que sufre la población atribuible a una intoxicación por tóxicos minerales a fin de entregarles un tratamiento inmediato y controles permanentes. Respecto a la contaminación ambiental se deberá realizar un muestreo y análisis de suelos de uso publico y de todas las viviendas (patio, antejardín y techo) que se presumen contaminadas, análisis realizados por expertos y especialistas de laboratorios nacionales, acreditados y en lo posible con reconocimiento internacional, a fin que se puedan sellar y/o descontaminar y/o inertizar las posibles áreas de contaminación focal o erradicar toda la población si la contaminación de todos suelos y de las casa es masiva.
c) Se debe hacer un catastro de todos los servicios públicos que intervinieron a partir del ingreso de los tóxico a Arica, durante su permanencia y posterior disposición, identificando directivos de servicios, profesionales y autoridades políticas a nivel provincial y regional, que intervinieron en los diferentes niveles de decisión., puesto que las decisiones, erradas o acertadas que se tomaron, fueron concensuadas con la autoridad política y los Servicios Públicos y Municipalidad de todo este periodo y no sólo por 3 profesionales, de vasta experiencia en esta temática, a los que hoy se les denosta y degrada sin juicio alguno, como responsables y delincuentes.
d) Pensamos que la Contraloría Regional debe iniciar una investigación Sumaria a tod@s l@s funcionari@s, de cargos políticos, directivos o técnicos que tengan algún grado de responsabilidad en el manejo o resolución de esta temática ambiental, estableciendo sanciones, de acuerdo al Estatuto Administrativo si hay responsabilidad culposa, pero además los que sean sobreseíd@s, dicha resolución debería hacerse pública, por la autoridad máxima regional, en especial a estos 3 profesionales de carrera intachable, con más de 20 años de servicio a la comunidad; y sancionar drásticamente a l@s impulsores y /o responsables públicos de dicha degradación de imagen, en su probidad como funcionarios públicos de carrera profesional, presionando su despido, y, el daño moral que ello provoca en su vida profesional y familiar.
e) Los personas a las que se compruebe adulteración de datos, aprovechamiento y/o información falsa y que estén involucradas en demandas aduciendo enfermedades y contaminación de viviendas o falseen fechas de ocupación, deberán ser sancionados y sus nombres publicados.
f) Se deberá legislar para que en el futuro los Servicios Públicos vinculantes con la entrega de viviendas deberán por ley realizar análisis de suelo y saneamiento ambiental antes de la construcción, responsabilidad que deberá fiscalizar la Dirección de Obras Municipales con la Autoridad Sanitaria y la COREMA a fin de descartar la presencia de pasivos ambientales.
DIRECCION REGIONAL ARICA PARINACOTA
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
Arica, 18 Agosto 2009
Partido Comunista de Chile - Comite Regional Iquique
La repercusión que ha ocasionado el Programa “Contacto” del Canal de la U. Católica, por su denuncia periodística de contaminación por metales pesados de suelos y personas en Arica nos obliga dar a conocer nuestra opinión como Partido Político a la comunidad:
1.- Los citados Residuos Minerales Tóxicos ingresaron al país el 1984, bajo la dictadura militar en un contexto político represivo, social (organizaciones sociales intervenidas, atemorizadas y/o eliminadas) económico (libertinaje económico y cesantía) y ambiental (sin legislación ambiental restrictiva) que facilitaron su ingreso como materia prima, ocultando su calidad de residuos tóxicos, en un manejo fraudulento e inmoral de la empresa Promel, la que pese a las exigencias expresadas en Oficios, Ordinarios y Resoluciones Sanitarias a partir del año 1997, nunca cumplió asumiendo el traslado y la disposición final la Oficina de Bienes Nacionales, en cuyos terrenos estaban los tóxicos abandonados por Promel.
2.- Los terrenos en los que el Servicio de Vivienda, a partir de 1990 empezó a construir las poblaciones Industriales 3, 4 y Cerro Chuño fueron los más baratos por el grado de insalubridad en que se encontraban, algunos fuera del radio urbano, donde cohabitaban basurales y corrales de cerdos, colindante con un acopio de minerales (información que se manejaba) en una zona de uso de industria minera. El Serviu construyó sin permiso de edificación con la obsecuencia cómplice del Alcalde de la época y a pesar que la Autoridad Sanitaria advirtió de esta situación de insalubridad.
3.- Una vez que se detecta la toxicidad de los minerales acopiados en el llamado sitio F (1997) que más tarde se identifican como residuos mineros se obliga por una Resolución del Servicio de Salud a que la firma Promel los retire y encapsule bajo condiciones aprobadas por la Comisión Técnica de la COREMA Provincial que involucra a diferentes servicio públicos vinculantes con el tema, Municipalidad, con la coordinación de la Gobernación Provincial y en conocimiento de la Intendencia La firma Promel al no cumplir con la exigencia dictada por la Autoridad Sanitaria de la época (1998) es sancionada por Resolución a cancelar una multa de 1.000 UTM; y todos los gastos del traslado y disposición de los tóxicos en Quebrada Encantada Baja, la remediación del sitio F y los análisis de las poblaciones afectadas. Además a cancelar todos los análisis de las personas que pudieran estar afectadas y su tratamiento médico. Estas exigencias nunca se cumplieron. Hace algunos años se inició Sumario sanitario para ver responsabilidades de este “olvido”, aún se ignora su resultado.
4.- El Programa de Televisión “Contacto” denunció, haciéndose eco de las demandas de una ONG poblacional, que en el sector existía contaminación de viviendas y de personas con enfermedades graves a causa de estos tóxicos. Esta aseveración a pesar que los informes de la Autoridad Sanitaria señalaban que el riesgo de contaminación se había eliminado por el resultado de los análisis de suelos realizados en la población, en el sitio F y en Quebrada Encantada, y, que el problema de Salud de las personas estaba circunscrito a un número cercano de 150 niños expuestos al Plomo y que no mostraban sintomatología de Saturnismo y que habían sido sometidos a análisis especializados y a tratamientos.
5. La denuncia de este Programa de Televisión, sin otros antecedentes que los mostrados sin respaldo verificable, como el sistema de muestreo, la metodología y veracidad de sus conclusiones fue acogida a nuestro juicio irresponsablemente por las Autoridades Políticas provinciales y regionales, comprometiendo al Gobierno en una problemática de corte ambiental que para resolverse requiere de antecedentes más objetivos y documentados técnica y científicamente que los que aporta un medio de comunicación masivo, como el Programa “Contacto”. En este circo de declaraciones se involucran, candidatos a parlamentarios, algunos concejales, gobernador, alcalde, confluyendo en una caza de brujas, buscando culpables e incluso enlodando a la Presidente de la República.
En este escenario y después de un análisis objetivo de esta problemática ambiental el PC declara que:
a) Es legitima la exigencia de cualquier grupo de ciudadan@s a ser indemnizad@s por el Estado por el daño a su Salud que les ha ocasionado habitar viviendas entregadas, construidas en terrenos contaminados si esto les ocasiona enfermedades y deterioro a su calidad de vida.
b) La contaminación de las viviendas y de suelos de estas poblaciones y los tratamientos de las enfermedades que sufren sus habitantes. a causa de la contaminación, deben ser abordadas en forma prioritaria y eficaz por el Estado. En el caso de la salud de las personas, médicos especialistas deberán diagnosticar las enfermedades que sufre la población atribuible a una intoxicación por tóxicos minerales a fin de entregarles un tratamiento inmediato y controles permanentes. Respecto a la contaminación ambiental se deberá realizar un muestreo y análisis de suelos de uso publico y de todas las viviendas (patio, antejardín y techo) que se presumen contaminadas, análisis realizados por expertos y especialistas de laboratorios nacionales, acreditados y en lo posible con reconocimiento internacional, a fin que se puedan sellar y/o descontaminar y/o inertizar las posibles áreas de contaminación focal o erradicar toda la población si la contaminación de todos suelos y de las casa es masiva.
c) Se debe hacer un catastro de todos los servicios públicos que intervinieron a partir del ingreso de los tóxico a Arica, durante su permanencia y posterior disposición, identificando directivos de servicios, profesionales y autoridades políticas a nivel provincial y regional, que intervinieron en los diferentes niveles de decisión., puesto que las decisiones, erradas o acertadas que se tomaron, fueron concensuadas con la autoridad política y los Servicios Públicos y Municipalidad de todo este periodo y no sólo por 3 profesionales, de vasta experiencia en esta temática, a los que hoy se les denosta y degrada sin juicio alguno, como responsables y delincuentes.
d) Pensamos que la Contraloría Regional debe iniciar una investigación Sumaria a tod@s l@s funcionari@s, de cargos políticos, directivos o técnicos que tengan algún grado de responsabilidad en el manejo o resolución de esta temática ambiental, estableciendo sanciones, de acuerdo al Estatuto Administrativo si hay responsabilidad culposa, pero además los que sean sobreseíd@s, dicha resolución debería hacerse pública, por la autoridad máxima regional, en especial a estos 3 profesionales de carrera intachable, con más de 20 años de servicio a la comunidad; y sancionar drásticamente a l@s impulsores y /o responsables públicos de dicha degradación de imagen, en su probidad como funcionarios públicos de carrera profesional, presionando su despido, y, el daño moral que ello provoca en su vida profesional y familiar.
e) Los personas a las que se compruebe adulteración de datos, aprovechamiento y/o información falsa y que estén involucradas en demandas aduciendo enfermedades y contaminación de viviendas o falseen fechas de ocupación, deberán ser sancionados y sus nombres publicados.
f) Se deberá legislar para que en el futuro los Servicios Públicos vinculantes con la entrega de viviendas deberán por ley realizar análisis de suelo y saneamiento ambiental antes de la construcción, responsabilidad que deberá fiscalizar la Dirección de Obras Municipales con la Autoridad Sanitaria y la COREMA a fin de descartar la presencia de pasivos ambientales.
DIRECCION REGIONAL ARICA PARINACOTA
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
Arica, 18 Agosto 2009
Partido Comunista de Chile - Comite Regional Iquique
Etiquetas: ecologia, medio ambiente
posted by Partido Comunista Iquique at
3:30 p. m.
